¿Cuál es el caso legal contra Israel en la CPI?

mayo 8, 2024

Durante los últimos meses, Israel ha estado luchando en múltiples frentes. Sin embargo, uno de los escenarios más críticos de la guerra actual ya no es el Líbano o Gaza, sino La Haya.

Cada vez más los activistas antiisraelíes han estado invirtiendo en la guerra legal, como una de las armas más efectivas para debilitar y deslegitimar a Israel. Según informes recientes, la Corte Penal Internacional [CPI] está considerando emitir órdenes de arresto contra varios funcionarios israelíes de alto rango, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel [FDI], Herzi Halevi.

Esta medida está siendo impulsada por una serie de países de la coalición antiisraelí, entre ellos en particular, Sudáfrica y Turquía.

“Este es un caso que no tiene nada que ver con el derecho internacional y sí con intereses políticos”, dijo a JNS Avraham Shalev, experto en derecho público del Kohelet Policy Forum [Foro de Política Kohelet].

La CPI nunca ha emitido una orden de arresto contra el líder de un país democrático. Si se cumple, Netanyahu se encontraría en la indeseable compañía del presidente de Sudán, Omar al-Bashir; el ex gobernante libio Muammar Gaddafi; y el presidente ruso Vladimir Putin; los únicos líderes nacionales con órdenes de arresto de la CPI.

Actualmente no hay ninguna declaración concreta de la CPI, sobre los detalles legales que rodean una posible acusación de funcionarios israelíes.

El caso actual contra funcionarios israelíes es bastante amplio y probablemente analizará “la actividad de asentamientos israelíes y el uso de fuerza desproporcionada durante el Margen Protector”, y las supuestas transgresiones del conflicto en curso probablemente se incluyan en el caso ya existente, explicó.

El fiscal de la CPI Karim Khan, ha hecho declaraciones sobre la provisión de ayuda humanitaria por parte de Israel y los ataques contra infraestructura civil; dando a entender que ambos podrían desempeñar un papel en un futuro proceso penal. En un discurso pronunciado el 30 de octubre, Khan dijo: “Quiero subrayar claramente a Israel que los suministros deben llegar a los civiles de Gaza sin demora”, y advirtió a Israel que “demuestre la aplicación adecuada de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad”.

Según las leyes de la guerra, los países deben permitir la entrada de ayuda humanitaria a las zonas afectadas, con la condición de que llegue a la población civil y no sea capturada por fuerzas enemigas.

“Existe documentación absoluta de que Hamás interceptó los convoyes humanitarios e impidió que la ayuda llegara a los civiles. Esto elimina la necesidad legal de que Israel participe o permita la ayuda humanitaria”, dijo Shalev a JNS.

El rechazo de Israel a la jurisdicción de la CPI, incluido el territorio de Gaza, Judea y Samaria; presenta un obstáculo legal adicional, explicó.

La jurisdicción de la CPI se extiende sobre los crímenes cometidos “en el territorio de un Estado Parte [del Estatuto de Roma] o por uno de sus nacionales”, lo que no incluye a Israel, pero según la CPI sí incluye a “Palestina”, como sí lo hizo la Autoridad Palestina; firmando el Estatuto de Roma en su calidad de Estado observador de la ONU.

La CPI ha tratado de legitimar sus vacilantes reclamos de jurisdicción, persiguiendo pasivamente a los grupos terroristas palestinos; junto con su caso contra funcionarios israelíes. Tras una visita a Israel en diciembre de 2023, Khan dijo que la CPI estaba investigando los crímenes contra civiles israelíes, como “algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad”.

Una fuente cercana a la fiscalía de la CPI dijo a JNS que “cualquier orden de arresto contra funcionarios israelíes, probablemente irá acompañada de órdenes contra miembros de Hamás y la Yihad Islámica, para darle a la corte una imagen equilibrada”.

Sin embargo, el impacto de una acusación, probablemente será mucho mayor para Israel que para Hamás.

“El efecto sobre la reputación de Israel como país democrático será mucho peor, que para un grupo terrorista fundamentalista como Hamás”, dijo Shalev.

El caso ante la CPI también es jurídicamente problemático, debido a la cuestión de la complementariedad. El principio de complementariedad indica, que “un caso es inadmisible ante la CPI si actualmente está siendo investigado por un Estado con jurisdicción sobre él”, como lo establece el Estatuto de Roma.

Se están juzgando múltiples casos de presuntas violaciones del derecho internacional en tribunales militares israelíes. El propio Khan ha reconocido anteriormente, que “Israel tiene un ejército profesional y bien entrenado, con abogados militares generales en rango; y un sistema destinado a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario; y abogados que asesoran sobre las decisiones por los objetivos”. Por lo tanto, cualquier caso iniciado contra ciudadanos israelíes tendría que demostrar primero, que el sistema legal israelí es incapaz deo no estar dispuesto a investigar la supuesta violación de manera justa.

Según los expertos, las recientes muestras de prejuicio antiisraelí en la CPI no son un error, sino una característica.

“Desde el principio, el Estatuto de Roma fue diseñado para perseguir a Israel”, explicó Shalev. Cuando se estaba formulando el estatuto, la mayoría de las cláusulas fueron tomadas casi palabra por palabra de la Convención de Ginebra, con la excepción de la sección relativa a las leyes relativas a los traslados de población.

El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe específicamente el traslado forzoso de poblaciones hacia o desde, un territorio ocupado. Sin embargo, a petición de varios Estados árabes en la conferencia de Roma, esta definición se amplió a “la transferencia, directa o indirecta, por la Potencia ocupante de partes de su población civil, al territorio que ocupa”. Aunque esta definición ampliada podría haberse aplicado en varios casos, esta cláusula sólo se ha utilizado para perseguir a las comunidades israelíes en Judea y Samaria.

“La formulación misma del Estatuto de Roma fue diseñada para criminalizar la presencia de comunidades judías en Judea y Samaria. Bajo estos términos, construir carreteras; permitir a los judíos poseer propiedades; y muchas otras cosas; pueden denominarse ‘transferencia indirecta de población”, dijo Shalev. “Esta cláusula lleva el nombre de Israel”, añadió.

En sus 22 años, la CPI nunca ha tenido una sola condena y arresto exitosos, sin la cooperación del país anfitrión del acusado. Si bien técnicamente los signatarios del Estatuto de Roma, incluida la mayoría de los países europeos, tendrían la obligación de ejecutar dichas órdenes; existe un precedente de larga data de acuerdos diplomáticos, que se realizan para eludir los fallos de la CPI.

En otras palabras, incluso si se emite una orden judicial, “no habrá policía en la pista de aterrizaje en Europa, si Netanyahu viaja al extranjero”, explicó Shalev. “En realidad, hay mucho margen de maniobra”, añadió.

El conflicto actual con la CPI ha llevado al avance, de varias metodologías para contrarrestar la creciente amenaza del lawfare [guerra legal]. El ex fiscal general adjunto Roy Schondorf, que dirigió los esfuerzos de Israel para defenderse de las acusaciones de crímenes de guerra, y de la CPI, durante unos 13 años hasta mediados de 2022; ha abogado firmemente por apoyarse en la complementariedad, como escudo legal.

Israel puede protegerse “abre una investigación estatal israelí externa e independiente, que será dirigida por un ex juez”, dijo. Este modelo fue utilizado con éxito en 2008-2009 por la Comisión Turkel, que Israel utilizó para bloquear las investigaciones de la CPI y la Comisión Goldstone de la ONU. Otros expertos han propuesto un enfoque más agresivo para tratar con la CPI.

“No deberíamos caer en la trampa de pensar que si cooperamos y mostramos al mundo que cumplimos las reglas, tarde o temprano verán nuestra perspectiva”, afirmó Shalev.

“En última instancia, esto no es una cuestión de derecho. Según todos los parámetros, los argumentos legales son defectuosos. Hay un ángulo político claro, y nuestra mejor opción es bloquearlo. No hables con ellos, no publiques documentos y no interactúes”, añadió.

Publicado el 7 de mayo de 2024

 

ENFOQUE DE ORACIÓN: Oremos para que el Señor ponga fin a la “guerra legal” y su uso como una de las armas más efectivas para debilitar y deslegitimar a Israel. Clamemos al Señor, que es un Dios que ama la justicia, para que las naciones, reconozcan que los reclamos del tribunal son ilegítimos y no son más que un ataque político cruel. Pidamos al Señor que de a Israel la estrategia correcta mientras está lidiando con mentiras antisemitas y argumentos legales defectuosos.

VERSO BÍBLICO: “Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho; llena está la tierra de la misericordia del Señor… El Señor hace nulo el consejo de las naciones; frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de Su corazón de generación en generación“.

–Sal 33:4-5,10-11 NBLA

 

Traducido por Chuy González – Voluntario en Puentes para la Paz

Publicado en mayo 8, 2024

Fuente: Un artículo por Joshua Spurlock, originalmente publicado por Middle East Update, el 5 de mayo de 2024. (El vocabulario respecto al tiempo ha sido modificado para reflejarse en nuestra publicación del día de hoy).

Fuente: Porciones de un artículo por Shimon Shermanb originalmente publicado por Jewish News Syndicate, el 7 de mayo de 2024. (El vocabulario respecto al tiempo ha sido modificado para reflejarse en nuestra publicación del día de hoy). Puedes ver el artículo original en este link.

Fotografía por: International Criminal Court/jns.org