Estados Unidos sanciona a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el jueves, la imposición de sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional [CPI] en La Haya; lo que marca la primera vez que Estados Unidos utiliza esta herramienta punitiva contra los jueces del tribunal independiente.

El departamento declaró que las juezas: Luz del Carmen Ibáñez Carranza de Perú; Solomy Balungi Bossa de Uganda; Reine Alapini-Gansou de Benín; y Beti Hohler de Eslovenia; serían sancionadas por su papel en la investigación sobre Israel y Estados Unidos.

“Como juezas de la CPI, estas cuatro individuas han participado activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI contra Estados Unidos o nuestro aliado cercano, Israel”, declaró Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. “La CPI está politizada y falsamente afirma tener plena discreción para investigar, acusar y enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos y de nuestros aliados”.

“Esta peligrosa afirmación y abuso de poder vulnera la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, declaró Rubio. “Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado estadounidense de las acciones ilegítimas de la CPI”.

Según el Departamento de Estado, Bossa e Ibáñez Carranza decidieron autorizar la investigación de la CPI sobre la conducta del personal estadounidense en Afganistán, mientras que Alapini-Gansou y Hohler decidieron autorizar las órdenes de arresto de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. La CPI declaró a JNS que "deplora" las sanciones y respalda plenamente a su personal.

"Estas medidas constituyen un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional, que opera bajo el mandato de 125 Estados partes de todo el mundo", declaró la corte. "Atacar a quienes trabajan por la rendición de cuentas, no ayuda en nada a los civiles atrapados en el conflicto. Solo envalentona a quienes creen que pueden actuar con impunidad".

En febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone sanciones a cualquier funcionario de la CPI que intente investigar, arrestar, detener o enjuiciar, a ciudadanos estadounidenses o a ciudadanos de cualquier aliado de Estados Unidos que no haya consentido la jurisdicción de la CPI o no haya firmado el Estatuto de Roma de la corte; incluido Israel.

La Casa Blanca nombró a Karim Khan, fiscal de la corte y ciudadano británico, como el primer objetivo de dichas sanciones, por su papel en la investigación de la presunta comisión de "crímenes de guerra" por parte de Netanyahu, Gallant e Israel en Gaza.

Khan se tomó una licencia indefinida en mayo, en medio de una investigación sobre si cometió conducta sexual inapropiada.

El Wall Street Journal informó el mes pasado que Khan le pidió a su acusadora que retirara los cargos en su contra, para poder emitir una orden de arresto contra Netanyahu. El momento en que se emitió la orden levantó sospechas de que la decisión de Khan estaba calculada, para desviar la atención del escándalo sexual, que salió a la luz internamente unas semanas antes; según el periódico.

Según se informa, las sanciones contra Khan paralizaron la investigación israelí, lo que le hizo perder el acceso a sus cuentas bancarias en el Reino Unido y a su correo electrónico laboral.

Trump ya había impuesto sanciones a funcionarios de la CPI durante su primer gobierno, y el gobierno de Biden impuso sanciones en diciembre a un juez ruso, por presuntas violaciones de derechos humanos. La medida del jueves, marca la primera vez que Washington sanciona a jueces de la CPI.

"No tomamos esta medida a la ligera", declaró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. "Refleja la gravedad de la amenaza que enfrentamos por la politización y el abuso de poder de la CPI".

Traducido por Chuy González – Voluntario Puentes para la Paz